Sanidad alimentaria en el país de la “comida rápida”
En 2011 entró en vigencia la ley de Modernización para la Sanidad Alimentaria. Sin embargo, en un país donde, cada año, una de cuatro personas se enferma y 5 mil mueren debido a la ingesta de alimentos contaminados, la ley prácticamente no servirá de nada.
¿El modo estadounidense de producción representa el futuro de la alimentación mundial? Posiblemente. Desde luego, la élite occidental de formadores de opinión y quienes formulan políticas —los editores de The Economist, los directores de la Fundación Bill y Melinda Gates, algunas personas clave de gobierno de Obama— piensan que debería serlo. Por eso, vale la pena tener en cuenta la forma en que ha respondido en años recientes el régimen estadounidense de seguridad sanitaria de los alimentos a los dilemas de la escala inherentes al sistema industrial.
En un sistema alimentario industrializado y muy consolidado (que se orienta a maximizar los beneficios vendiendo vastos volúmenes de comida barata), hay presión en cada fase de la cadena de producción para reducir los costos recortando detalles, sutilezas y normas, lo que incluso impacta las regulaciones relacionadas con la sanidad alimentaria. Más aún, la escala misma de producción moderna de alimentos implica que fallas aparentemente aisladas (digamos las acciones en una sola instalación productiva) pueden llegar a ser tan graves que pueden poner en peligro a millones de personas.
El caso de la empresa Peanut Corp. of America demuestra el peligro de la gran escala. Hasta hace poco, la compañía tenía dos plantas: una en Texas y una en Georgia. Estas dos instalaciones procesaban el 2.5% del maní [o cacahuate] producido en Estados Unidos y vendían pasta [o mantequilla] de maní a toda la industria procesadora de alimentos del país. A finales del 2007, fue evidente que la compañía había dejado de mantener las condiciones higiénicas de sus plantas. A fines de 2008, la gente empezó a enfermar con salmonella procedente de una gran variedad de productos que contenían pasta de maní de esa empresa, obligando a la FDA a iniciar una “requisa voluntaria”. La requisa afectó a no menos de mil 800 marcas de productos de supermercado. Los productos contaminados mataron a 9 personas y oficialmente enfermaron unas 700 (la mitad de ellas eran niños) en 46 estados del país. El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) estima que por cada caso de salmonella denunciado, otros 38 casos no se reportan, por lo que el número de personas que enfermaron realmente a causa de los productos de estas dos plantas, podría sobrepasar a las 26 mil. Tras esta situación, los periódicos estadounidenses informaron que la FDA había “externalizado” la inspección de la planta en Georgia, dejándola en manos de las autoridades estatales y, luego, ignoró los hallazgos relacionados con sus atrcoes prácticas de higiene. Es más, resultó que las pruebas hechas por la propia compañía encontraron salmonella en grandes lotes de pasta de maní, que de todas maneras fueron despachados.
En otro incidente en 2009, la empresa Beef Packers, propiedad de Cargill, gigante multinacional de los agronegocios, debió hacer públicas dos “requisas voluntarios” de más de 500 toneladas de carne molida infectada con salmonella resistente a antibióticos . El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció que el consumo de esa carne podría causar “fallas de tratamiento” —es decir, la muerte— por su resistencia a los fármacos. Al menos 39 personas en 11 estados se reportaron enfermas y más de 200 toneladas de esta carne contaminada fueron servidas a niños de escuela mediante el Programa Nacional de Almuerzo Escolar. La respuesta oficial a estos incidentes ha sido mínima.
En enero de 2011, luego de un acalorado debate, se firmó y entró en vigencia la ley de Modernización para la Sanidad Alimentaria. La intención original del proyecto de ley era actualizar e inyectar recursos al sistema estadounidense de sanidad alimentaria. Básicamente, consistía en pedir más inspecciones, darle potestad al gobierno para requisar alimentos y proporcionar alguna trazabilidad al sector industrial que hasta la fecha no está regulado. ¿Quién podría oponerse a este cambio? Podría pensarse que los peces gordos de la industria alimentaria —los Cargills y los Tysons— que no quieren ser controlados. Sin embargo, no fue así. Las nuevas normas apenas los afectarán. Según un análisis realizado por la Food & Water Watch, una organización estadounidense de la sociedad civil, nada en esta ley podría haber impedido que la Peanut Company of America exportara su pasta de maní. Peor aún, las normas ni siquiera podrían tocar al sector cárnico, que es la fuente principal de enfermedades originadas en alimentos en Estados Unidos.
Durante el debate, los mayores opositores al proyecto de ley fueron activistas de las pequeñas fincas rurales familiares ya que, debido a la forma en que se formuló el proyecto ellos son quienes estarían sometidos a tales controles pese a que el problema no radica en estas fincas pequeñas. En vez de que la ley instigara una reforma real de los principios de sanidad alimentaria en un país donde, cada año, una de cuatro personas se enferma y 5 mil mueren debido a la ingesta de alimentos contaminados, la ley prácticamente no servirá de nada. Si la respuesta oficial de Estados Unidos a las claras manifestaciones de intoxicación alimentaria, ha sido abrumadoramente insuficiente y permisiva con la industria, como en el caso de contaminación por salmonella en la carne y en la mantequilla de maní, la respuesta ha sido prácticamente inexistente a los casos de exposición a bajas concentraciones de patógenos que causan daños acumulativos.
El primer tipo de contaminación causa síntomas evidentes, imposibles de ignorar: vómitos y diarrea. El segundo, provoca síntomas sutiles, fáciles de ignorar, pero provoca daños significativos a largo plazo.
Los regímenes de sanidad alimentaria encabezados por las corporaciones, como ocurre en Estados Unidos, tienen que reaccionar aunque sea un poco ante el primer caso. En el segundo caso, no hacen casi nada. Los países productores de alimentos, como es el caso de Argentina, deben debatir profundamente acerca de cómo producen y hacia qué modelo de producción avanzan.
Si eligen el camino de la megaindustria que envenena personas o el de la seguridad alimentaria, que alimenta gente y respeta el medio ambiente. La disputa se puede ver en la actualidad: o se apoya a la mega industria propiedad de las trasnacionales o a la producción nacional encabezada por los pequeños y medianos productores.
Fuente: Oxfam
