Argentina: continuidades y rupturas para la agricultura familiar, el campesinado y los pueblos origi
Ya se menciona como nuevo horizonte una potencial área agrícola en producción de 42 millones de hectáreas, es decir, aumentar en el mediano plazo 6 millones de hectáreas la actual superficie en producción. A esto agregarle que comienzan a manifestarse las críticas a la ley contra la extranjerización de la tierra, aunque se señale desde los “especialistas” que siguiendo la ley aún no se alcanza el techo, y que se pueden transferir a extranjeros alrededor de 30 millones de hectáreas.
Nuevo gobierno y políticas públicas para el agro En pocos meses el nuevo gobierno ha marcado tendencia para el sector agropecuario. A tal punto que rápidamente ha generado apoyos1 y oposiciones2 entre los distintos sectores del agro y los mundos rurales. El actual gobierno cumplió rápidamente con sus promesas de campaña referidas al agro y vía decretos del poder ejecutivo puso en marcha una batería de políticas. Entre las acciones estatales más destacadas está la quita de las retenciones (parcialmente la soja) mediante el decreto 133/15, y un tipo de cambio que se tradujo en una devaluación de la moneda nacional otorgando rápidamente un flujo enorme de ingresos para el sector agroexportador. A la vez se siguen aprobando semillas transgénicas (maíz RR-RG-BT) desde la CONABIA dando continuidad a una “política de Estado” como es la biotecnología3. En términos generales para el agro, y más allá de las consecuencias coyunturales que traigan las inundaciones para esta campaña, con la eliminación parcial de retenciones se instala así un nuevo escenario en el cual se recuperan niveles de rentabilidad para zonas extrapampeanas que habían quedado otrora rezagadas a partir de la combinación de aumento de retenciones y baja en los precios de los commodities. Se tratan de condiciones generales que habrá que revisar frente a los efectos de escenarios específicos que pudieran relativizarlas al tener en cuenta aumento de los insumos importados, o de los combustibles, nuevas bajas en los precios de los granos, etc. La recuperación de rentabilidad para el agro podría derivar en una nueva intensificación del avance de la frontera agropecuaria vía incorporación de tierras nuevas o cambio en el uso del suelo. Desde las instancias voceras de los agronegocios (ASA, AACREA, AAPRESID, etc) incluidos los suplementos especializados de los principales diarios (Clarín Rural y La Nación Campo), ya se menciona como nuevo horizonte una potencial área agrícola en producción de 42 millones de hectáreas, es decir, aumentar en el mediano plazo 6 millones de hectáreas la actual superficie en producción. A esto agregarle que comienzan a manifestarse las críticas a la ley contra la extranjerización de la tierra, aunque se señale desde los “especialistas” que siguiendo la ley aún no se alcanza el techo, y que se pueden transferir a extranjeros alrededor de 30 millones de hectáreas. De todo ello se infiere que estamos frente a un escenario posible de intensificación en la presión sobre los recursos naturales, básicamente tierra, con el correlato observable en el periodo anterior, de desmontes1, contaminación por agroquímicos, y conflictividad territorial con dosis trágicas y crueles de violencia. Continuidades y rupturas El escenario general que afecta a las realidades que aquí nos interesa contemplar ha sido definido como modelo de agronegocios, un tipo de reordenamiento de los sistemas agroalimentarios y agroindustriales que sucedió, vía disciplinamiento social y cambios de políticas públicas, al modelo anterior que algunos autores han denominado “agroindustrial” (Giarracca y Teubal, 2008)2. La lógica de los agronegocios se ha enmarcado en la predominancia de empresas transnacionales, fuerte presencia del capital financiero y la producción de commodities, y a su vez se ha vehiculizado con un redoble de los frentes agropecuarios y la intensificación del paradigma de la agricultura industrial. Como tal se consolidó en la década de 1990, recordemos dos hechos paradigmáticos: el decreto presidencial (DNU) de desregulación que eliminó los organismos estatales para el agro (1992), y la aprobación de la soja resistente al glifosato (1996) que haría pivotear al sector hacia la agricultura transgénica. Todos estos rasgos perduraron y se profundizaron en la llamada “década 1 Recordemos que en el periodo anterior se había pasado de un desmonte de 644 hectáreas por día en 2012 (cuando se pone en marcha ley luego de OTBN en cada provincia), a un desmonte de 391 hectáreas por día en 2015. 2 Giarracca, Norma y Teubal, Miguel. 2008. Del desarrollo agroindustrial a la expansión del agronegocio: el caso argentino. En: Campesinado y Agronegocio en América Latina, CLACSO (Ed.), Buenos Aires.
En términos muy amplios se podrían marcar dos cuestiones. En el plano de las continuidades desde la década de 1990 hasta la actualidad se ha mantenido la gramática de poder (como solía decir Norma Giarracca) que estructura el sistema agro-industrial-alimentario, que algunos engloban en el esquema extractivista o del “consenso de los commodities”. En el plano de las rupturas, podría señalarse el intento estatal de instalar niveles de sustentabilidad social y ambiental (leyes de bosques, glaciares, agricultura familiar, extranjerización de tierras), y redistribución de la riqueza generada por el sector, sobre todo de la renta agraria (retenciones mediante, mas allá de reintegros, subsidios, compensaciones, etc, hacia subsectores del agro).
Actualmente, las acciones de Estado del nuevo gobierno entendemos operan para el escenario agrario general en los mismos planos de las anteriores continuidades (fortalecimiento de la lógica de los agronegocios) y rupturas (estas en sentido inverso: reconcentración económica). Indicadores en este sentido van desde la transferencia de ingresos que ha significado la porción que el Estado ya no retiene por la exportaciones primarias, más la devaluación del peso, la continuidad de funcionarios públicos que ha sido notoria en el caso de personas vinculadas a empresas de biotecnología y agronegocios en general1, la rápida aprobación de nuevas semillas transgénicas. Estas acciones ya están marcando procesos que, si bien son incipientes en su magnitud, dejan ya huellas observables para las agriculturas familiares, campesinas y los pueblos originarios.
A seguir señalamos tres dimensiones que afectan a estos sujetos en términos de continuidades y rupturas: acceso al Estado, mediación estatal y conflictividad rural.
Acceso al Estado
Desde su creación la Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) había significado un espacio complejo para las organizaciones campesinas. Según lo que podía escucharse era que este vínculo implicaba un desafío: como mantener la distancia necesaria con el Estado para hacer valer los propios reclamos y derechos, a la vez que aprovechar una oportunidad de participar directamente en la gestación y conducción de políticas para el sector. Teniendo en cuenta que este organismo formaba parte de un ministerio volcado mayormente a favor de los intereses de los actores del agronegocio. Independientemente de esta ecuación era posible observar la importancia que tenía para el sector contar con un espacio propio al interior del aparato estatal.
Este escenario anterior al nuevo gobierno ha sido cambiado, y en su lugar lo que al día de hoy encontramos es una fractura en el acceso al Estado por parte de los sectores que este organismo debiera atender: falta presupuesto, sin ejecución, despidos de técnicos, y desmantelamiento de áreas sensibles.
Con el cambio de gobierno lo que al momento se observa es la continuidad en la falta de presupuesto para la SAF1, estamos frente a un organismo paralizado, que no ejecuta, mas allá de cualquier definición técnica de aquello que se entienda por intervención estatal hacia las agriculturas familias, campesinas y los pueblos originarios.
Por otra parte, según denuncia el gremio ATE, hasta abril de 2016, contabilizaban 250 técnicos despedidos, en muchos casos incluso en un marco de discriminación política y estigmatización social (“ñoquis”).
También se denuncia que por detrás de estos despidos existe una desarticulación de áreas de intervención estatal estratégicas para el sector. En algunas provincias han sido desactivados equipos de trabajo ligados a la problemática de la tierra, cuestión de lo más sensible para campesinos y pueblos originarios. Pero hay otros ejemplos. Según lo denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) se ha eliminado la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional “que garantizaba la participación de todas las organizaciones campesinas y agricultores familiares en la implementación de las distintas políticas del área” (ver nota: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-292328-2016-02-12.html).
Un caso sintomático de esta fractura es lo ocurrido en la delegación de la SAF de Santiago del Estero. Allí las organizaciones campesinas denuncian que a cargo del organismo han ubicado a un empresario del agro al que se responsabiliza por torturas y conducir bandas armadas para el desalojo de familias campesinas. Como respuesta las organizaciones han ocupado de forma pacífica las oficinas provinciales de la SAF el 19 de abril exigiendo la renuncia del delegado.
Mediación del Estado
Producto de los reclamos de las organizaciones campesinas y de la Federación Agraria la Secretaria de Agricultura y luego Ministerio habían ido abriendo instancias de representación sectorial ante el Estado. El Foro de la Agricultura Familiar era una de estas instancias. Muchas organizaciones campesinas vieron allí estructuras paraestatales de representación y mantuvieron sus propios canales de negociación con los funcionarios del Estado. Finalmente desde la SAF se crearon instancias de interlocución directa de las organizaciones con el Estado, y de mediación para la resolución de conflictos de tierra, habida cuenta de la creciente violencia que en ellos comenzó a instalarse (recordemos las decenas de asesinatos en conflictos de este tipo2): destacamos por ejemplo, a nivel nacional el Consejo de la Agricultura Familiar y Campesina, y el espacio interinstitucional para la resolución de conflictos de tierra llamada Mesa Nacional de Dialogo para la Agricultura Sustentable, con actuación también según cada provincia.
Con respecto a estas dos instancias, según las actuales autoridades, se ha hablado de su continuidad, inclusive en lo que va del 2016 hubo alguna reunión de la Mesa de Dialogo. Sin embargo, las organizaciones del sector entienden que no está clara esta intención dejando entrever la fragilidad que tendría la permanencia de estas instancias de dialogo que tienen como mediador e interlocutor al Estado.
Conflictividad rural
Desde el regreso de la democracia en la década de 1980 hasta la actualidad hay dos procesos que atraviesan a las poblaciones rurales: por un lado, la presión empresarial y estatal sobre sus tierras y territorios, y por otro lado, un creciente activismo político visible en la conformación de organizaciones en diferentes escalas, y en el fortalecimiento de comunidades de base territorial. En esta clave de análisis puede observarse la emergencia política de los pueblos originarios y del campesinado, así como la recreación de agrupaciones que reivindican a la persistencia de las agriculturas familiares capitalizadas. A su vez pueden observarse los avances de los frentes agropecuarios, con sus consecuencias en términos de degradación de los ecosistemas y agroecosistemas locales, y de despojo de las poblaciones nativas.
Como saldo de todo ello, ya desde finales de los años de 1980 se registra una creciente conflictividad que tiene como centro el control de los bienes comunes de la naturaleza, fundamentalmente la tierra, pero también el bosque autóctono, el acceso al agua y a un ambiente sano. Esta conflictividad viene siendo estudiada por múltiples investigadores y equipos, y desde distintos enfoques analíticos. En términos de los análisis cuantitativos destacamos el trabajo de la Subsecretaria de Agricultura Familiar comprendiendo problemas de tierra del 2011, del observatorio de la Red Agroforestal Chaco (REDAF), y el nuestro propio.
A continuación analizamos un conjunto de conflictos y acciones del campesinado, los pueblos originarios y la agricultura familiar, emergentes a partir de enero 2016 en medios de comunicación nacionales o comunicados de las principales organizaciones que agrupan a estos sujetos (ver cuadro en Anexo). En el actual escenario observamos que los conflictos por tierra y territorio campesino o indígena, mantienen los mismos patrones que caracterizaron la conflictividad de todo el periodo anterior. Contra los desalojos: Los conflictos que protagonizan las poblaciones rurales desde inicio del 2016 se refieren a denuncias y acciones ante intentos de desalojo o usurpación de tierras. Se trata de familias o comunidades que resisten la apropiación de sus tierras que se opera por la vía de desalojos judiciales o bien bajo la modalidad de bandas armadas que ejecutan un repertorio amplio de acciones de violencia. Es común vincular la realidad de los desalojos con las formas precarias de tenencia de la tierra o situaciones problemáticas de tierra, solucionables en base a políticas de regularización. Si bien esto es cierto, habría que agregar que los intentos de desalojo se inscriben en el desconocimiento o desprecio por las modalidades alternativas de organizar los sistemas agroalimentarios, por la ausencia de políticas de tierra que reconozcan la tenencia comunitaria para comunidades campesinas, y además que avancen más allá de la tenencia y aborden el problema del acceso a la tierra para nuevas familias, jóvenes campesinos, o cubrir demandas originadas en la reorientación productiva de los campesinos. Antagonismo con los agronegocios: Las familias, comunidades y organizaciones implicadas en conflictos de tierra denuncian como responsables de los intentos de desalojo vía legal y directa a los sectores más dinámicos del agro. Por un lado se trata de empresas productoras de commodities, como soja. También se encuentran entre las empresas implicadas en los conflictos aquellas referidas a la producción y procesamiento agroindustrial de alimentos o a la construcción de infraestructura energética. Es decir, no estamos frente a sectores residuales de economías locales tradicionales, marginales al proceso de desarrollo, como se los presenta desde medios de comunicación que tratan las noticias o desde voceros de los agronegocios (por ejemplo, ver entrevista a Hector Huergo: http://revistacrisis.com.ar/notas/el-tecnocrata-mesianico-0#sthash.Qbdzq8VU.dpuf).
Esta dimensión de los conflictos puede observarse también en la composición de las entidades que participan de las mesas de diálogo para conflictos de tierra1 en representación de las “cámaras de agronegocios”. Contaminación del territorio: Los conflictos por la tierra han sido analizados como parte de una disputa mayor por el territorio, sea porque es un reclamo de los mismos protagonistas, sea porque la apropiación o despojo de la tierra viene acompañada de luchas por el acceso al agua, uso de los bosques, y otros procesos de arrinconamiento de las poblaciones locales tales como la contaminación humana, animal y vegetal. Desde que avanzaron los nuevos paquetes tecnológicos de la agricultura transgénica e industrial en general, se ha intensificado el uso de agroquímicos, fundamentalmente el glifosato como base de los “coctel” que se aplican. Esto en un contexto de avance de la frontera agraria sobre zonas rurales pobladas, sobre todo en regiones extrapampeanas. De modo que han proliferado los casos de contaminación por el modelo de agricultura industrial (no estaríamos frente a meros accidentes reiterados), a los cuales deben sumarse aquellos casos de contaminación originados por mega-emprendimientos u obras de infraestructura. En tal sentido, los nuevos conflictos también presentan este perfil ligado a la distribución del daño ambiental. Judicialización de la resistencia: Característica de la conflictividad por la tierra en décadas anteriores habían sido las denuncias penales contra integrantes de organizaciones campesinas e indígenas, o de integrantes de las familias que decidían resistir los desalojos, acusados de asociación ilícita o de usurpación, resistencia a la autoridad, etc. Entre los nuevos conflictos cabe mencionar en este sentido el caso de un fallo del supremo tribunal de justicia de Chaco para llevar a juicio oral una familia indígena (y una periodista) por resistencia “armada” frente a un intento de desalojo judicial, a pesar de otras actuaciones estatales que bregaban por el cumplimiento de los derechos indígenas (particularmente la moratoria contra desalojo de población indígena). Control de las semillas: Desde décadas anteriores se arrastra un conflicto en torno a los derechos de propiedad sobre las semillas, básicamente a partir de la difusión de los OGM en la agricultura. El caso paradigmático es el de los intentos de la empresa Monsanto para el reconocimiento de patentes y cobro de regalías sobre las distintas semillas transgénicas de soja. Esto viene siendo denunciado por las organizaciones campesinas, y también ha sido denunciado en la justicia por la Federación Agraria Argentina que se erige como representante de los intereses de los agricultores familiares más capitalizados, implicados directamente en la producción de commodities genéticamente modificados (soja, maíz, etc).
Violencia rural
La presencia de situaciones de violencia en los casos de los conflictos emergentes van del asesinato, los heridos de bala, las golpizas y torturas, a la quema de viviendas, destrucción de cultivos o matanza de animales. Los responsables varían entre las fuerzas policiales de provincia a grupos armados contratados. En el caso del asesinato de la joven campesina de Estación Morillo, en Salta, al sentido de la desarticulación del activismo campesino presente en este tipo de hecho, como ocurrió en el conflicto de Mendoza, debería adicionarle el sentido de revancha o persecución por la participación de las organizaciones campesinas locales en la gestión municipal.
Reclamo al Estado
Conjuntamente con las acciones de resistencia directa en los conflictos de tierra las organizaciones campesinas e indígenas han impulsado acciones hacia el Estado, reclamando por política públicas, presentando leyes, dando batalla legal, etc. Las leyes contra desalojos para el campesinado y los pueblos originarios, inclusive la ley de la agricultura familiar son ejemplos, mas allá de que su incumplimiento efectivo ha primado sobre su capacidad de realizar derechos. La creación de la Secretaria de Agricultura Familiar también ha sido un ejemplo, en tanto herramienta de fortalecimiento económico y político del sector. En el escenario actual, las organizaciones sobre todo campesinas reclaman la falta de presupuesto para el funcionamiento del organismo mencionado, el cierre de las instancias de diálogo Estado-sector, el desmantelamiento de áreas estatales estratégicas en materia de problemas de tierra y la persecución ideológica de técnicos. Estos reclamos tienen puntos críticos en casos como el de Santiago del Estero, donde las organizaciones campesinas ocuparon las oficinas de la Secretaria de Agricultura Familiar, argumentando que el actual “Delegado” a cargo es un empresario productor de soja responsable de desalojos violentos contra familias campesinas.
Fuente: Biodiversidad de América Latina
