Investigadores y académicos de 28 países respaldan la Ley de semillas de Venezuela
El día 23 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva Ley de Semillas que prohíbe la importación, producción y siembra de semillas transgénicas o genéticamente modificadas (OGM); y protege la producción e intercambio libre de variedades de semillas pertenecientes a las comunidades agrícolas de Venezuela (indígenas, campesinas y afrodescendientes), entre otras disposiciones.
La prohibición de los OGM se basa en el principio de precaución, dado que los efectos de la tecnología transgénica aún no se conocen completamente y lo que se ha documentado hasta hoy, en términos de impacto a la salud humana y el medio ambiente, suscita preocupaciones significativas. A esto se suman las preocupaciones relacionadas al impacto socio-económico y a los derechos humanos de los pequeños productores y productoras, quienes conforman la mayor parte de la población que padece hambre en el mundo. La protección especial de semillas adaptadas localmente, reconoce la importancia de la conservación local para mantener el máximo de diversidad genética. Algo cada vez más importante para para enfrentar con resiliencia el cambio climático. Adicionalmente, la ley es producto de la formulación de políticas desde abajo con apoyo institucional, al estilo “abajo-arriba”; resultado de un proceso de tres años en el cual movimientos sociales se opusieron a un proyecto de ley de semillas que tenía franco respaldo del sector agroindustrial. Contrariando los intereses de dichos sectores, estos movimientos presionaron para obtener una legislación más transformadora, y a través de una serie de consultas públicas-participativas en todo el país, desarrollaron esta alternativa.
La aprobación de la Ley marca una victoria histórica para los movimientos de agroecología y soberanía alimentaria en Venezuela y más allá. Es quizás una de las pocas leyes nacionales en el mundo que garantiza y protege el derecho de los campesinos a las semillas. Sin embargo, a pesar del amplio apoyo nacional y el interés internacional que ha cosechado, la ley está siendo atacada por representantes de la industria y sus seguidores por considerarla “anti-científica”. Esto coloca a la Ley de Semillas en riesgo de ser anulada por la Asamblea Nacional actual, la cual se constituye de una mayoría opositora, desde enero de este año.
Como científicos, profesionales y defensores involucrados en alimentación y agricultura, ponemos en duda y cuestionamos los fundamentos de estos ataques. La idea central de la Ley es priorizar las prácticas de agricultura agroecológica, sosteniéndose en el creciente consenso científico sobre la importancia de esta transición de la agricultura convencional a sistemas de agricultura basados en la ecología, que valoran los conocimientos de los productores y productoras locales y los involucran en la toma de decisiones. Esto ha sido enfatizado por ejemplo en la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD por sus siglas en inglés) desarrollado por 400 destacados expertos mundiales y respaldado por 59 países.
Por lo tanto, estamos acompañando con mucho interés esta emergente lucha en defensa de la Ley de Semillas de diciembre del 2015 y su implementación, no solamente por sus implicaciones para Venezuela, sino también por todas las posibles implicaciones de mayor alcance, en un escenario donde ocurre una consolidación corporativa del acaparamiento de los recursos genéticos, tan necesarios para el presente y futuro de la seguridad y soberanía alimentaria. Apoyamos a los productores y productoras de alimentos, las y los científicos y los movimientos de base local que en Venezuela impulsan esta defensa y esta construcción, instando a la Asamblea Nacional a que mantenga la integridad de esta Ley y apoye su implementación plena.
Fuente: Grain
