Nueva sentencia contra el maíz transgénico en México: avances y problemas
El 8 de marzo de 2016, el magistrado Benjamín Soto Sánchez, del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa sentenció mantener la suspensión al otorgamiento de permisos para sembrar maíz transgénico a nivel comercial, hasta la resolución definitiva del juicio colectivo promovido por un conjunto de organizaciones e individuos conocido como Colectividad del Maíz.
Es una buena noticia para la población mexicana, porque el maíz es la base de la alimentación, y para el resto del mundo porque México es su centro de origen y diversidad, uno de los tres cereales base de la alimentación a nivel global y su contaminación nos afecta a todos. Sin embargo, la decisión entraña algunos retrocesos, que las empresas proclamaron a su favor.
En 2013 la Colectividad del Maíz interpuso una demanda contra la siembra de maíz transgénico de Monsanto, Syngenta, Pioneer-Dupont y Dow, que incluyó también cuestionar a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Smarnat). En octubre de ese año, un juez aceptó la consideración de la demanda y al mismo tiempo, estableció una medida cautelar contra las siembras de maíz transgénico, experimentales, piloto y comerciales. Desde entonces, la demanda y la medida cautelar de suspensión han recibido más de 100 apelaciones en diferentes juzgados, con varias sentencias intermedias, algunas a favor de las empresas y otras, gracias a las apelaciones de la Colectividad, afirmando la suspensión y el proceso para considerar el fondo de la demanda.
La reciente sentencia de Soto Sánchez, reconoce que se demostró contaminación transgénica en cultivos de maíces nativos, confirmando la violación de leyes mexicanas e internacionales, motivo para mantener la medida cautelar de suspensión.
Por desgracia, junto con la medida de precaución, el juez permitió que se vuelva a abrir el otorgamiento de siembras en fase experimental y piloto, lo cual es un retroceso con respecto a la suspensión total que existía antes.
El nuevo elemento es que la sentencia ordenó que “si hubiere” siembras de maíz transgénico en fase experimental, deberá haber medidas de contención de la contaminación, y estarán sujetas a control y evaluación mensual por parte del juez federal y de los científicos demandantes, ya que las siembras experimentales anteriores no pudieron ser objeto de escrutinio público. Si se comprueba que las medidas de contención son ineficaces, el juez, de oficio, o a petición de los científicos, podrá revocar los permisos. Los transgénicos en régimen experimental que usen el herbicida glifosato (declarado cancerígeno por la OMS en 2015) estarán sujetos a control judicial y de los científicos demandantes.
Son medidas importantes, para la protección de la salud y el maíz nativo, y reconocen el carácter independiente de los científicos que respaldan la demanda. Pero esbozan problemas serios. Por un lado, las siembras experimentales y piloto pueden contaminar otros maíces, como ya ha sucedido, y esta sentencia lo reconoce (además en fase piloto pueden ser miles de hectáreas y se pueden comercializar). La idea de sembrar grandes extensiones llamándolas “piloto”, ya se ha usado en México con soya y algodón transgénicos y en otros países, como Colombia, para instalar siembras que de hecho son de escala comercial, pero eluden los trámites.
Ahora el control dependerá de que los jueces involucrados sean capaces e independientes de las empresas y representa una enorme carga de tiempo y recursos a los científicos comprometidos con la sociedad, que lamentablemente son pocos y que ya están apoyando a la sociedad en este y muchos otros temas.
Lo que se necesita es una prohibición de toda siembra de maíz transgénico en México, porque una vez en campo, la contaminación transgénica es inevitable. Controlar a las empresas para que cumplan con la ley, con las medidas de contención, es una carga adicional a pagar con recursos públicos y a costa de los científicos independientes, campesinos y organizaciones que no queremos estos maíces.
La defensa legal es una de las vías de defensa del maíz y de la vida campesina. La moratoria popular que se mantiene por más de una década es la que han establecido cientos de organizaciones de muchos tipos, con diversas formas de denuncia, protesta y resistencia, pero sobre todo, la que las comunidades campesinas han fortalecido impidiendo la entrada de semillas ajenas a sus propios canales de confianza en sus territorios. Celebramos que se mantenga la suspensión, pero alertamos que tendremos que redoblar la alerta de contaminación desde los campesinos, que serán los primeros afectados.
Fuente: Grain
