Veinte años de soja al cuello
Paseo Colón 982, 25 de marzo de 1996: el gobierno de Carlos Menem autorizó la primera soja transgénica y ya nada volvería a ser igual. Un cambio drástico para la agricultura de Argentina, aprobado en un trámite express de sólo 81 días y en base a estudios de la propia empresa Monsanto. Dos décadas después, el 60% por ciento de la tierra cultivada tiene un solo cultivo y se utilizan, cada año, 200 millones de litros de glifosato.
Cuantiosos ingresos para el país, pero también consecuencias: récord de desmontes, uso masivo de agrotóxicos, desalojos a campesinos y pueblos indígenas, concentración de tierras en pocas manos. Veinte años de una Argentina transgénica.
Felipe Solá, secretario de Agricultura de Menem, firmó el expediente de aprobación de la soja transgénica. En 2011, un grupo de seis científicos de distintas disciplinas realizó una lectura del informe. Confirmaron que la autorización no contaba con estudios sobre efectos en humanos y ambiente, la información era incompleta y cuestionaron que el Estado argentino no hubiera realizado investigaciones propias. “El expediente de aprobación es, desde el punto de vista científico, tendencioso, arbitrario y poco científico. La mayor parte de los resultados en puntos de extrema importancia como consumo humano, o los tests ecotoxicológicos en ratones, pollos y peces, corresponden a las propias investigaciones de Monsanto. Son juez y parte”, denunció Norma Sánchez, profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) e investigadora independiente del Conicet.
La soja transgénica pasó de seis millones de hectáreas a doce millones (en 2003) y veinte millones (en 2015). Las exportaciones fueron millonarias. El investigador Tomás Palmasino, del Instituto Gino Germani de la UBA, precisó que, entre 2002 y 2013, Argentina exportó 158 mil millones de dólares (en poroto, harina y aceite de soja).
En economía se refiere como “externalidades” a las consecuencias no deseadas (y que las empresas no rinden cuentas). El desmonte es una “externalidad” del agronegocio. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (de la ONU), donde participan más de 300 científicos de todo el mundo, alertó en 2014 que el 4.3% de la deforestación global ocurre en Argentina. Hernán Giardini, de Greenpeace, precisó que, desde 1998 hasta 2014, fueron arrasadas 5 millones 123 mil 065 hectáreas. “Equivale a 300 mil hectáreas por año, una hectárea cada dos minutos”, afirmó Giardini. El 80% de la deforestación se concentra en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, todas provincias en las que avanzó el modelo agropecuario transgénico.
Según los censos agropecuarios de 1988 y 2002, en ese periodo desapareció el 25% de las explotaciones agropecuarias (104 mil fincas). Hay coincidencia de científicos sociales en que el número de chacras siguió en caída, pero no hay censo agropecuario completo desde hace catorce años. Datos del INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias cuenta con el 50 por ciento de la tierra cultivable.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un espacio interdisciplinario donde confluyen quince organizaciones que trabajan en el Norte del país. Releva los conflictos de tierra y ambientales que suceden en la región conocida como “Chaco argentino” (Formosa, Santiago del Estero, Chaco, este de Salta, norte de Santa Fe y Córdoba). En marzo de 2013 publicó su informe “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales”. Relevó 248 disputas territoriales, que afectan a 1 millón 580 mil 580 personas en una superficie de 11 millones 824 mil 660 hectáreas. La mayoría de los conflictos relevados (ocho de cada diez) se inició a partir del año 2000. “Coincidiendo con el impulso del modelo agroexportador y la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, señala en las conclusiones. Redaf explica que para el sector privado (empresarios y productores capitalizados) y el Estado, “lo que está en juego es la imposición de una forma de producción basada en el agronegocio en gran escala, destinado sobre todo a la exportación. La tierra les representa un bien económico necesario para producir con rentabilidad, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.
La Red de Médicos de Pueblos Fumigados precisó que el uso de agrotóxicos pasó de 30 millones de litros (en 1990) a 300 millones anuales en 2011 (200 millones son glifosato). De dos litros del herbicida glifosato por hectárea se incrementó a entre ocho y doce litros. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en su reciente publicación “Los plaguicidas agregados al suelo y su destino en el ambiente”, advirtió que los agroquímicos permanecen durante meses en el suelo, afectan cursos de agua, y cuestionan que Argentina es el país con más uso de químicos y menos “eficiente” en la producción de granos. “El actual modelo de agricultura industrial o modelo extractivo ha pretendido que la química (los plaguicidas) controle a la biología, simplificando así la toma de decisiones. Sin embargo, dentro de este modelo, no se ha tenido en cuenta que el uso excesivo de plaguicidas pone en serio riesgo al recurso suelo”, afirmaron los investigadores del INTA.
Andrés Carrasco, científico que en 2009 confirmó los efectos letales del glifosato y luego sufrió un ataque de las corporaciones transgénicas (fallecido en 2014), definió al modelo de agricultura química en Argentina como un “experimento masivo a cielo abierto”.
En la aprobación de la soja en 1996 fue clave la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia). Creada durante el menemismo (1991), su composición fue secreta durante 23 años (hasta 2014), cuando se conoció que más de la mitad de sus integrantes (27 sobre 47) pertenecen a las mismas empresas de transgénicos o tienen trabajos junto a ellas (presentan conflictos de intereses). La Conabia aprobó 35 transgénicos entre 1996 y 2015. Soja, maíz, algodón y papa. Las empresas beneficiadas: Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, Pioneer y Nidera, entre otras.
Presidida por Martín Lema, en la Conabia participan y tienen poder decisorio Juan Kiekebusch (Syngenta), Miguel Álvarez Arancedo (Monsanto), Ricardo Fernández de Ullibarri (Ingenio Ledesma), Teresita Martín (DuPont Pioneer), Luis Negruchi y Alejandro Petek (Aapresid) y Guillermo Mentruyt (Dow AgroSciences). Todas empresas que impulsan transgénicos y, en la Conabia, son juez y parte.
Fuente: Grain
