Argentina: la restauración conservadora, el TPP y el modelo agroexportador
A finales del año 1972 el por entonces presidente chileno, Salvador Allende, denunciaba en las Naciones Unidas la falta de control de los estados sobre las empresas multinacionales. Decía que “Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares, por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden y no están fiscalizadas por ningún parlamento, y por ninguna organización representativa del interés colectivo”.
Aun faltaban un par de años para que el gurú ultraliberal Milton Friedman, asesorara a la dictadura de Augusto Pinochet. Todavía debían pasar más de quince años para que el paquete de reformas neoliberales del “Consenso de Washington”, impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, cayeran como una guillotina sobre el pueblo latinoamericano. Carlos Menem en Argentina y Alberto Fujimori en Perú, hijos predilectos de la Escuela de Chicago, tuvieron la triste tarea de empujar la pobreza a índices escalofriantes.
Después llegó el 2001, el “que se vayan todos” y el rechazo a la clase política en general, salvo honrosas excepciones. Pero casi con exclusividad podemos afirmar que la resistencia popular que se llevó puesto cinco presidentes en menos de una semana, estuvo dirigida hacia forasteros personajes como Anoop Singh y Anne Kruger, principales exponentes de las políticas económicas aplicadas en este lado del mundo. Con posterioridad a las puebladas del 19 y 20 de diciembre, se inició una etapa de gobiernos progresistas en Latinoamérica. El rechazo al Acuerdo de Libre Comercio con los EE.UU. (ALCA) en la Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos en la Ciudad de Mar del Plata, dieron el puntapié inicial hacia una política exterior redireccionada a acuerdos comerciales y políticos que fortalecieron el MERCOSUR y dieron nacimiento al UNASUR.
La restauración conservadora que encabeza Mauricio Macri y su canciller Susana Malcorra, pretende exportar su concepción del mundo o, en su defecto, la de los países centrales, al resto de América Latina. Una muestra clara de ello es el rápido apoyo al golpe blando producido contra la ex presidenta del Brasil, Dilma Rouseff, o el intento de presionar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro exigiendo que se realice antes de fin de año el referéndum revocatorio del mandato presidencial.
La decisión tomada por el gobierno argentino de ingresar como miembro observador de la Alianza del Pacifico (acuerdo comercial integrado por los países de Colombia, Perú, Chile y México), vuelve a poner en debate los acuerdos de libre comercio con las potencias centrales. Recordemos que la Alianza del Pacífico fue creada en 2011 como un mecanismo de integración económica abierto al libre comercio.
La puerta abierta al Acuerdo Trans-Pacífico (TPP)
El ingreso a la Alianza del Pacifico es visto como un viaje sin escalas hacia el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico. La apertura económica, como nunca antes, se avisora en el futuro próximo. Depende del surgimiento de una resistencia similar a la que se dio hace diez años que este pacto no pase. El Acuerdo Transpacífico no es otra cosa que un acuerdo de Libre Comercio que asegura a los Estados Unidos la influencia imperial que mantuvo hasta que aparecieron con fuerza los países emergentes. No es casual que estén excluidos de este pacto económico China, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica.
En un comunicado de prensa difundido recientemente por la Asociación por una Tasa a las Transacciones y de Acción de los Ciudadanos (ATTAC) se rechaza la adhesión de la Argentina al bloque de la Alianza del Pacífico porque entienden que queda allanado el camino para suscribir el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Este Tratado Transpacífico, además de las regulaciones comerciales a favor de los EE.UU., abre la posibilidad de que inversores extranjeros demanden al país en centros arbitrales internacionales como el CIADI. En el comunicado difundido por la ATTAC expresan que el TTP incluye “obligaciones en materia de coherencia regulatoria que obliga a los Estados firmantes a coordinar cotidianamente sus legislaciones, por lo cual hay una imposición de las regulaciones de otros países, que suelen ser a la baja.”
El TPP es solo una parte de una estrategia mucho más global y ambiciosa que incluye la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) con los países de la Unión Europea, y el Acuerdo de Comercio en Servicios (TISA por sus siglas en inglés). Este Acuerdo comercial busca regular un gran número de áreas que abarcan desde el comercio de lácteos hasta la regulación laboral, derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente. El TPP es integrado por Japón, Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. Estas economías agrupan el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global, y reúnen un mercado de 800 millones de personas.
El 5 de octubre del año pasado se firmó el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Al finalizar la firma, el presidente de los EE.UU., Barack Obama, expresó que se acaba de cerrar la eliminación de más de 18.000 impuestos nivelando el campo de juego a favor de los granjeros norteamericanos. A su vez, el mandatario norteamericano afirmó que “Cuando un 95% de nuestros consumidores viven fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que países como China dicten las reglas de la economía global”.
Las semillas y las patentes
En el caso de las semillas, se volvería a la carga con la vieja Ley Monsanto que intentó aprobar el kirchnerismo el año pasado. En el capítulo sobre Propiedad Intelectual, el acuerdo obliga a los países a ratificar el Convenio UPOV 91 de privatización de la semilla. El Colectivo de comunicación Huerquen realizó un cortometraje en el que reflexionaban acerca de las consecuencias que el avance de las corporaciones del agronegocio tiene para nuestras vidas.
En este cortometraje, Carlos Vicente relataba que la norma UPOV91 “Limita la posibilidad de guardar semillas, se criminaliza aún más a las semillas criollas y se permite que toda la biodiversidad de la Argentina sea privatizada”. Esta norma va mucho más allá de los derechos de las patentes de las semillas compradas y sembradas por los agricultores. “Existe la posibilidad de que todas las plantas que crecen en la Argentina sean objeto de derecho de obtentor, y con este elemento da la posibilidad de apropiación y de biopiratería de nuestra biodiversidad”, afirmaba Carlos Vicente en referencia al proyecto de Ley de Semillas. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental que se creó a partir del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales adoptado en París en 1961.
A modo de Conclusión, Vandana Shiva, referente mundial en la lucha contra Monsanto, afirmó que en Estados Unidos muchas iniciativas independientes de conservación de semillas están siendo llamadas “actos de terrorismo agrario”, en declaraciones al diario La Jornada de México. La doctora Shiva, una de las precursoras en la lucha contra los agrotóxicos, afirmó que también hay leyes como la de California o Pensilvania donde está prohibida la conservación de semillas propias.
A partir de la decisión de Mauricio Macri de empujarnos a la Alianza del Pacifico como miembro informante, la resistencia al acuerdo de TPP se torna más visible pero sobre todo más urgente.
Fuente: Biodiversidad de América Latina y el Caribe
