Monocultivos en la Amazonía: la distopía de la sustentabilidad y de la riqueza
En diciembre de 2013, el periodista de economía Luis Nassif, uno de los más conocidos y respetados en Brasil, escribió un artículo elogioso en la revista Carta Capital sobre el proyecto de construcción de un complejo hidroeléctrico en la cuenca del río Tapajós, en el sudoeste de Pará. Dos observaciones en dicho texto se destacan porque reflejan, por un lado, desconocimiento y, por el otro, un sentido común ingenuamente prejuicioso (o brutalmente colonialista) respecto a la Amazonia.
1) “Hay mucha incomprensión sobre la influencia de las hidroeléctricas en el medio ambiente, especialmente en regiones poco desarrolladas.” 2)“En Tapajós, será la primera vez en que se construirá una hidroeléctrica en una región no poblada.”
No tenemos la intención de discutir acá lo enorme que es el error de esas afirmaciones sobre el proyecto hidroeléctrico de Tapajós, tema que en Brasil adquiere cada vez más visibilidad en función de la resistencia de la población indígena Munduruku, ancestros habitantes de la región. El enfoque es la intencionalidad puesta en la lectura de mundo que dichas afirmaciones evidencian.
Estigmatizar como “subdesarrollado” el más grande bioma brasileño y considerar la Amazonía un “vacío poblacional” se ha configurado en presupuesto básico para una serie de políticas e intervenciones del Estado y del capital en ese territorio. Del proyecto colonizador del gobierno militar en la década de 1970, bajo el lema “tierra sin hombres para hombres sin tierra”, conductor de brutales conflictos agrarios que persisten hasta los días actuales, al “furor infraestructural” en la región – construcción de carreteras, líneas de ferrocarriles, hidroeléctricas etc. -, la explotación predatoria por y para beneficiarios externos a ella, además del desprecio casi absoluto por el universo de los pueblos tradicionales, ha marcado la Amazonia desde que han llegado los europeos a América.
Para comprender mejor uno de los territorios más ricos y, a la vez, más frágiles y complejos de nuestro continente – desde el punto de vista social y de su biodiversidad -, se necesita tener en cuenta que la Amazonia nunca ha sido despoblada. Los estudios antropológicos, arqueológicos y biológicos de la región en los últimos 50 años han mostrado que, en especial en la era precolombina, el bioma sufrió fuerte antropización y puede haber tenido una población de hasta 30 millones de personas en ese periodo. Además de los cento de vestígios que comprprueban la existencia de una multiplicitud de culturas antiguas, se estima que más del 11% de las forestas en la Amazonia brasileña serían antropogénicas (de origen cultural), a partir de las configuraciones ampliamente reincidentes en donde se encuentra una gran heterogeneidad de plantas útiles asociadas (comestibles, medicinales, rituales y para manufacturación) en las cercanías de sitios arqueológicos.
Además de los indicios de “foresta plantada” o manejada, el fenómeno conocido como terra preta (tierra negra – o tierra negra india), suelo de color oscuro y de altísima fertilidad, encontrado en grandes manchas en la Amazonia brasileña, colombiana, peruana, ecuatoriana, venezolana y en Guayana Francesa – es otro elemento que comprueba la intensa presencia y actividad humanas en la región. Producida a partir del descarte de materia orgánica (carbón, restos de comida, forraje vegetal, excrementos, orina, cadáveres animales, conchas, cerámicas etc.), la terra preta se formó en los asentamientos humanos hace más de 2 mil años, y se considera, tanto por la población local como por investigadores nacionales e internacionales, uno de los mejores suelos para la agricultura del planeta.
De manera muy general, lo que se aprende de esos datos es que históricamente la Amazonia ha sido ocupada por una gran variedad de pueblos y culturas en una larga y dinámica trayectoria de desarrollo. Y, a pesar de desbastado el pueblo originario a lo largo de los últimos 500 años de colonización, la reconfiguración de la ocupación humana tradicional de los días actuales – los habitantes indígenas,quilombolas, ribereños, pescadores etc. – sigue reproduciendo, en lo que sea viable, una relación de simbiosis con el medio ambiente. En otras palabras, siempre hubo gente en la Amazonia en gran número y siempre hubo intervención en la foresta, en el sentido de que las sociedades nativas nunca han sido sujetos pasivos a las limitaciones ambientales. Esa relación, sin embargo, no se parece nada a la perspectiva productivista del capitalismo que ha pasado a dominar el sentido común en el “mundo moderno” y que, más recientemente, ha llegado al Consenso de los Commodities, que marca la transición de América Latina del mero ajuste neoliberal a un nuevo ciclo económico basado en la producción y exportación de productos primarios, como lo señala Maristella Svampa.
El agronegocio amazónico: una triste historia de (relativo) éxito
La estigmatización de la Amazonia como espacio geográfico destinado a la extracción intensiva de bienes naturales no es reciente. En Brasil, como en los demás países panamazónicos, el extractivismo maderero, mineral, energético, petrolero y agroexportador sigue una tradición que remonta, dependiendo del sector, al inicio de la colonización europea. En el último siglo, sin embargo, la explotación de la región ha tenido rasgos más agresivos, en la lógica de lo que ha expresado recientemente el presidente del Parlamento Amazónico de Brasil, el diputado Sinésio Campos (Partido de los Trabajadores, Amazonas): “No podemos dejar que los habitantes del interior de Amazonas, o de otros estados de la región, vivan sobre la riqueza y pasen necesidades. Necesitamos rever nuestros conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable. Amazonia no puede ser un museo”.
En esa declaración hay dos presupuestos emblemáticos: el primero es que los indígenas y pueblos tradicionales viven sobre lo que el capital denomina “riquezas” y que, por lo tanto, deben tener sus derechos territoriales mutilados para permitir su explotación. Ese es el aspecto más grosero del desarrollismo capitalista en la Amazonia. El segundo aspecto, no menos violador de derechos, sin embargo más sutil en sus proposiciones, es el debate sobre los “conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable”. A esas dos vertientes del modelo de desarrollo en la Amazonia nos dedicaremos, a partir del recorte del moderno agronegocio practicado en el bioma en el último periodo. Más específicamente, nos proponemos la reflexión sobre el proyecto económico y los impactos de las culturas de palma aceitera (o palma africana) y de la soja, sectores en expansión que se han beneficiado de una serie de políticas públicas y han transformado radicalmente el universo y los territorios de los pueblos tradicionales amazónicos en donde se ubican.
La palma aceitera y los “conceptos de preservación ambiental y desarrollo sustentable”
Con la intensificación de los debates mundiales sobre el calentamiento global y, en especial, después del acuerdo que ha generado el Protocolo de Kioto en el ámbito de la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas de 1997 (COP 3), una serie de propuestas buscando la descarbonización del planeta han ido tomando cuerpo. Entre ellas, la ampliación del uso de agrocombustibles en sustitución a los combustibles fósiles.
De hecho, la producción de etanol y biodiesel y las investigaciones correlacionadas siempre han estado conectadas mucho más a proyectos de seguridad energética o para abaratar los combustibles – principalmente en periodos de alza de precios de los fósiles – que al debate climático, al que terminaron incorporándose con más consistencia al inicio de los años 2000.
Contradictoriamente, sin embargo, el discurso climático se ha priorizado por los defensores de la agroenergía a partir del momento en que el sector pasó a enfrentarse a denuncias de impactos negativos sobre la seguridad y soberanía alimentarias (a raíz del uso intensivo de maíz en la producción de biodiesel en Norteamérica y de la competencia de los cultivos energéticos en áreas de culturas alimentarias) o sobre derechos territoriales de pueblos locales.
Aún en el ámbito de las contradicciones, en los países andinos el cultivo agroenergético que se ha consolidado con más fuerza ha sido la palma aceitera (o palma africana), con efectos devastadores sobre las forestas tropicales y el agravamiento de conflictos sociales y agrarios. Sobre eso, hay registros de que los monocultivos de palma están generando deforestaciones alarmantes en la Amazonia peruana, colombiana y ecuatoriana y graves conflictos territoriales en Colombia y en Perú.
En Brasil, la expansión de la palma aceitera se ha dado en consonancia con el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (PNPB), lanzado por el gobierno federal a fines de 2004 como parte de un ambicioso proyecto de conquista de la hegemonía brasileña en los mercados internacionales de agrocombustibles. Consciente de las críticas al cultivo de la palma en Asia y Latinoamérica por su contribución a problemas socio-ambientales, el gobierno brasileño estableció que el cultivo de la palma aceitera, concentrado en el bioma amazónico, tendría que restringirse a áreas degradadas y se constituiría en una estrategia de fortalecimiento de la agricultura familiar a través de proyectos de integración con grandes compañías.
A partir de 2008, el estado de Pará (más grande productor de palma africana en Brasil), donde el cultivo de palma aceitera ha ocupado históricamente un área estable, ha sufrido un boom de nuevos proyectos agroenergéticos con fuerte apoyo de los gobiernos federal y estatal, de bancos y financiamientos públicos. En los siguientes años y con la consolidación del sector, sin embargo, gran parte de los elementos qua han compuesto el imaginario de sustentabilidad socio-ambiental de la actividad a partir del PNPB se han desconfigurado; tanto por su lógica empresarial-capitalista, como por el conjunto de factores sociopolíticos del universo amazónico. Veamos algunos de esos aspectos:
Premisa 1: la palma aceitera ocupará solamente áreas degradadas y no provocará impactos ambientales en Amazonia
A pesar de no estar entre los principales conductores de la deforestación en Brasil, el cultivo extensivo de la palma aceitera en un bioma altamente biodiverso y sensible como la Amazonia tiene una serie de impactos negativos sobre el ambiente y los pueblos locales. A pesar del discurso contrario, las deforestaciones en la actividad son prácticas comunes pero sub-registradas, una vez que para la implantación de monocultivos, ocurren mayoritariamente a través de la supresión de manchas de bosques situadas entre las áreas degradadas. Pero el impacto más grande se da a partir de las características del manejo de la palma y su alta dependencia de la aplicación de agrotóxicos, utilizados en el control tanto de plantas invasoras como de plagas. O sea: en 2013, la Secretaría de Agricultura de Pará estimaba que el estado cultivaba 166 mil hectáreas de palma. Con base a los indicadores de manejo de la cultura elaborados por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y del agente financiador Banco de Amazonia (BASA), se puede calcular que en ese año se habrían aplicado a los cultivos de palma aceitera cerca de 332 mil litros de herbicida, 166 mil litros de insecticida, 166 toneladas de hormiguicida cebo, 19.920 cápsulas de insecticida-trampa e 33,2 toneladas de raticida.
En 2014, estudios realizados por el Instituto Evandro Chagas en cursos de agua en áreas contiguas a grandes cultivos de palma aceitera constataron la presencia de agrotóxicos en ríos e igarapés cuyas aguas se utilizan para el lavado de ropas, ocio y consumo de las comunidades locales. Acorde al informe final de la investigación, se han encontrado residuos de endosulfan, sustancia tóxica prohibida en Brasil desde 2013, en casi todos los puntos de muestreo en el periodo de mayor intensidad pluviométrica, señalando a que ese producto se está carreando de los suelos, por procesos de lixiviación, y se está acumulando en los sedimentos de fondo de los ríos e igarapés de la región. “La inserción antrópica de endosulfan (…) en esos ambientes puede provocar daños a los ecosistemas acuáticos y representar riesgos a la salud de la población que reside en esta región”, afirma el estudio; y alerta: “Como la posible acumulación de endossulfan representa un aumento de la carga orgánica natural en el periodo de más lluvias, también se deben evaluar las implicaciones de la presencia de dicho compuesto asociado directamente al aumento de la producción de algas en la región. En ese contexto, este ambiente está propicio al aumento de la producción de cianobacterias y cianotoxinas, que son sustancias tóxicas y representan también grandes riesgos a los ecosistemas acuáticos y a la salud humana. (…) A partir de los análisis morfológicos [de los materiales recolectados], se han identificado para el área de estudio un total de cinco taxones infra genéricos de cianobacterias”.
Otro peligroso impacto de los monocultivos de palma aceitera sobre la foresta es su interferencia sobre los flujos bióticos del ecosistema amazónico. El problema se agravó a partir de recientes cambios en el Código Forestal brasileño (instrumento que reglamenta la conservación y recuperación de la cobertura forestal en las propiedades rurales del país), cuando especies exóticas como la palma africana pasaron a constituir legalmente un sustituto a la recomposición de bosques nativos en la llamada Reserva Legal de las propiedades, desconsiderando la importancia estratégica del mantenimiento de la diversidad biológica y aumentando exponencialmente los riesgos de graves pérdidas de recursos genéticos.
Premisa 2: el cultivo de la palma aceitera beneficia la agricultura familiar en cuanto a una alternativa de renta
Cuando se ha lanzado en 2004, una de las premisas del PNPB ha sido la integración de la agricultura familiar a la cadena productiva del biodiesel. Para eso, el gobierno ha creado mecanismos de inserción de la actividad productiva de pequeños agricultores al sector agroindustrial, en la medida en que ha exonerado de una serie de impuestos a las industrias que adquirieran materia prima de la agricultura familiar.
En el caso de la palma aceitera, el programa estipuló el cumplimiento de contratos de 25 años entre agricultores e industrias, que presuponían cultivos de 10 hectáreas, en promedio, por familia, financiados por Pronaf Eco-Dendê con valores de hasta R$ 80 mil. Los contratos también prevén criterios rígidos de manejo (aplicación de agrotóxicos, abonos químicos, poda, etc). estipulados por los agentes financiadores y monitoreados por las empresas, reservándoles el derecho de control de las actividades productivas en el interior de las propiedades familiares.
Ese sistema resulta, en buena medida, en: – endeudamiento de las familias, de las que parte significativa no es capaz de producir la cantidad suficiente de palma aceitera para librar las deudas en los bancos; – injerencia de las compañías en la organización productiva de los agricultores, que han pasado a responder ante los contratantes de la producción como si a ellos fueran subordinados, no siendo, sin embargo, beneficiarios de los acuerdos y derechos laborales previstos en la ley; – disminución drástica o término de otras actividades productivas (culturas alimentarias y otras actividades económicas) y consecuente impacto sobre la seguridad alimentaria (de la familia y regional); – Renta menor de lo planificado y a veces inferior a la verificada con otras actividades productivas; – Contaminación e intoxicación por agrotóxicos; – Cambios drásticos en el modo de vida.
Otro efecto de la expansión del cultivo de la palma aceitera sobre la agricultura familiar, no vinculado a los procesos de integración agricultores-compañías, es la presión de los grandes emprendimientos sobre las áreas familiares a partir del surgimiento de un nuevo mercado de tierras y la valorización financiera de los territorios. Relativo a eso, se observa en la región productora de palma aceitera en Pará un inexorable proceso de concentración de tierras, resultado tanto del asedio para su venta, de parte de las grandes industrias, como la progresiva incapacidad de mantenimiento de otras actividades productivas en las propiedades familiares a partir del abandono de la fuerza de trabajo para ubicarse en los monocultivos agroindustriales. Eso nos lleva al análisis de la siguiente premisa.
Premisa 3: El cultivo de la palma aceitera es gran generador de puestos de trabajo y, de esa manera, un instrumento importante para el desarrollo local
O monocultivo de la palma aceitera es, de hecho, uno de los sectores más intensivos en uso de mano de obra del agronegocio amazónico, en especial en las actividades de plantío, manejo y cosecha. El trabajo, sin embargo, se caracteriza por un alto grado de penosidad, una vez que la actividad exige grandes esfuerzos físicos en un ambiente natural adverso. Las jornadas laborales llegan a durar hasta 12 horas (entre la salida, aún por la madrugada, y el regreso a casa al fin de la tarde); hay deficiencias recurrentes en la provisión de agua, alimentación, equipos de protección individual e instalaciones sanitarias en los locales de trabajo; accidentes laborales son sub-notificados; hay falta de atención médica en los locales de los accidentes; y hay registros frecuentes de adicción a drogas, como la cocaína, para aumentar la productividad y soportar el descomunal desgaste físico del trabajo en condiciones climáticas adversas (altísimas temperaturas y lluvias torrenciales, típicas de la región).
Por fin, a pesar de la poca fiscalización de la actividad de parte de los agentes del Ministerio de Trabajo y Empleo por alegada falta de estructura y personal, ya se han registrado casos de trabajo esclavo en el cultivo de la palma aceitera paraense, así como condiciones degradantes en alojamientos de trabajadores que, en áreas distantes de sus locales de vivienda, permanecen por largas temporadas en los locales de empleo.
Las falsas soluciones
Impulsada por el Estado bajo la premisa de la “sustentabilidad climática” y del “desarrollo social”, el cultivo de la palma aceitera brasileña, después de casi una década de expansión acelerada, no sólo ha fallado en su propósito, sino también ha contribuido a la profundización del desequilibrio socioambiental impuesto a la Amazonia por el desarrollo extractivo. Acorde a la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), por ejemplo, en febrero de 2016, no había ninguna empresa productora de biodiesel registrada como apta a proveer el combustible de palma aceitera. O sea, en la Amazonia, el monocultivo de la palma africana que ha sustituido los bosques nativos no ha logrado siquiera corroborar los discursos de descarbonización del planeta, para lo que se ha justificado en primer lugar.
Por otro lado, el desplazamiento de la agricultura familiar de su misión primordial – la producción de alimentos – y su reposicionamiento, sea en la misma propiedad o como nuevo operario agroindustrial, como “productor de combustible” (materia que no consumirá y de la cual no se beneficiará), desplaza al pequeño agricultor no sólo de la posesión de la tierra sino también de la posibilidad de constituirse como definidor de su propio universo socioeconómico y organizador de su existencia. En ese sentido, como señala la investigadora de la Universidad Libre de Berlín Maria Backhouse, el proyecto de expansión de la palma aceitera en Brasil se caracteriza como green grabbing (proceso de apropiación y financiarización de bienes y territorios naturales por el capital a partir de la premisa de que, para preservar, se necesita ponerle un precio a la naturaleza), en la medida en que engloba no sólo el proceso material de apropiación de los territorios sino también un paradigma discursivo que señala como inexorable la comoditización de la naturaleza. “Cuando nos referimos a green grabbing con base en el concepto de acumulación primitiva continuada, tenemos en cuenta no sólo la constatación de que la concentración de tierras a manos de las élites locales sigue ocurriendo, sino sobre todo que tal proceso implica una restructuración de las relaciones sociales. Dicha restructuración está impulsada por la nueva ordenación de las relaciones de propiedad, como ocurre en el caso de la privatización de tierras, o a través de la inserción de la agricultura familiar en la cadena productiva agroindustrial. En el mismo acto de su consecución, dicho proceso se legitima ideológicamente por la doctrina neoliberal, y gana de esa manera un perfil de proyecto hegemónico”. Y eso nos lleva al análisis del segundo sector propuesto para el estudio: el complejo productor de soja en la Amazonia.
La soja y la disputa de la “riqueza”
La historia de la soja en la Amazonia brasileña – el país es el único que produce el grano a larga escala en el bioma – es una de las más violentas en el proceso de ocupación de la región por el agronegocio en los últimos 50 años. Uno de los principales componentes de la apertura de la frontera agrícola (al lado de la actividad maderera y de la pecuaria extensiva) en la transición de la producción decommodities del Centro-Oeste para el Norte del país, en el territorio que comprende la Amazonia Legal, el área de soja alcanzó 8,16 millones de hectáreas en 2012, con predominancia de los estados de Mato Grosso, Pará, Maranhão y Rondônia.
No discutiremos los detalles de los impactos ambientales del cultivo de soja en la Amazonia – deforestación al nivel de las 3,4 millones de hectáreas hasta 2012, acorde al monitoreo de las entidades que han firmado la llamada Moratoria de la Soja –, tampoco el uso y contaminación récord de agrotóxicos. No examinaremos el significado de la predominancia de multinacionales como Cargill, Bunge y ADM en el sector y sus crecientes inversiones en la expansión de la cultura y en infraestructura de flujo de producción; no nos atendremos a la descripción de conflictos agrarios – a ejemplo de los 20 asesinatos de trabajadores rurales en la región de expansión de la soja en Rondônia, contabilizados por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en el informe sobre violencias en el campo en 2015 -, o de la ocurrencia de trabajo esclavo, a pesar de la disminución de cerca de 60% de demanda de mano de obra en el cultivo de soja después de la mecanización de la actividad. Buscaremos entender como, más allá de las rejas de las haciendas, el complejo agroexportador de soja está reconfigurando el territorio amazónico de manera más profunda a través de las inversiones en infraestructura.
Como ya se ha mencionado, el Consenso de las Commodities impulsó las economías primario-exportadoras latinoamericanas en la última década a partir de los altos precios practicados en el mercado internacional y, en especial, debido a la creciente demanda china. Y, a pesar de la desaceleración de la economía mundial en los últimos años, en el primer semestre de 2015, por ejemplo, el complejo de la soja (granos, harina y aceite) respondió por 16% de las exportaciones brasileñas, aun con la caída de aproximadamente 30% en los precios relativos a 2014. Ese factor ha fortalecido una demanda antigua del sector mirando hacia un reordenamiento radical de los espacios que separan las cosechadoras del mercado consumidor final europeo o asiático: la planificación infraestructural para abaratar los costes de flujo de producción, y en tal proporción que merece la pena volver al primer párrafo de este texto y a las tonterías sobre el complejo hidroeléctrico en la cuenca del río Tapajós, en Pará.
La cuenca del Tapajós, que abarca los ríos Tapajós, Teles Pires y Jamanxim, territorio de más de 200 mil indígenas Munduruku, Apiaká, Cayabi, Borari, Arapiun, Arara Vermelha, Jaraqui, Kumaruara, Tapajós, Tapuia, Uupaiú, Maytapu, Cara Preta y Tupinambá, ha sido designado por el gobierno brasileño para acoger la próxima etapa de una mega planificación energética en la Amazonia, iniciada con la construcción de las usinas hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio, en el Río Madeira (RO), y Belo Monte, en Xingu (PA). Acorde al Plan Decenal de Expansión de Energía (PDE) 2023, está prevista la construcción de siete usinas en los ríos Tapajós y su afluente Jamanxim hasta 2021, además de otras dos en Teles Pires, con el objetivo de asegurar la provisión de energía para un pretendido crecimiento económico de Brasil de 4,3% al año.
A par y paso con la lectura de que la expectativa de crecimiento que empuja la planificación energética del PDE es fantasiosa, dada la profunda crisis económica y política que afecta al país, una serie de otros elementos constituyentes del proyecto infraestructural en el cauce del Tapajós señala que no es la seguridad energética su objetivo final: interdependiente del complejo hidroeléctrico, están previstas la construcción de una hidrovía en los cursos de los ríos Tapajós y Teles Pires y de cuatro esclusas (que permitirán la navegación de grandes embarcaciones) en Tapajós y seis en Teles Pires, como parte del llamado Arco Norte, proyecto de inversiones en las rutas de flujo de producción de commodities que engloba a los puertos de Itacoatiara (AM), Santarém (PA), Vila do Conde (PA), Itaqui (MA), Salvador e Ilhéus (BA), la pavimentación de la BR 163 (que une Mato Grosso al puerto de Santarém, en Pará), el Ferrocarril Norte-Sur (que cortará los estados de Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul), el Ferrocarril Paraense (que une el sur y sudeste de Pará al norte del Estado), la Ferrogrão (que estará paralela a la Autopista BR 163), y la hidrovía del río Tocantins (que posibilita su navegación y del río Araguaia a partir del término de la esclusa de la hidroeléctrica de Tucuruí). Si se terminan esos proyectos, estima la Confederación Nacional de Agricultura y Pecuaria (CNA), habría una reducción alrededor de un 30% de los costes de flujo de producción y un aumento de 10% a 20% de los lucros para el sector.
Aquí es importante observar que, en el cálculo del agronegocio, más allá de la disminución de los costes de exportación, los proyectos infraestructurales en el Norte del país también abren terreno para la expansión de cultivos sobre nuevos territorios, como se entiende del comentario del vocero de la Terminal Granelera de Maranhão, en el puerto de Itaqui, Luiz Cláudio Santos: “Se estima que existan más de 5 millones de hectáreas disponibles en esas regiones para la producción de granos y la llegada de este importante puerto posibilita dicho crecimiento, pues la principal dificultad para la producción de nuevas áreas es la infraestructura portuaria. Recordando que este proyecto era un sueño antiguo de todos los que están involucrados en la cadena del agronegocio de la región Norte de Brasil”.
Sueño para algunos, pesadilla para otros. La expansión de la soja en la región de Santarém, por ejemplo, donde se ubica el más grande puerto granelero de Cargill y gran parte de la producción financiada por la multinacional, ha sido uno de los principales factores de conflictos agrarios en la última década. Acorde al informe difundido por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en 2010, “más de 500 familias dejaron sus tierras para darle lugar a los campos de soja. En menos de cinco años, comunidades enteras se volvieron propiedad de productores de soja, mientras que otras han tenido una disminución drástica en su población”. Según la CPT, Pará registró 645 muertes por conflictos en el campo entre 1985 y 2013 (solamente entre 2005 y 2013 fueron 118 casos). El número es casi cinco veces más de lo que ha registrado en el segundo estado en el ranking de asesinatos por cuestiones agrarias, Maranhão, con 138 casos en el mismo periodo. Según el abogado de la organización, José Batista Afonso, la mayoría absoluta de los casos tienen relación directa con la expansión de la soja y de la pecuaria sobre los territorios tradicionales.
La colaboración infraestructura-expansión de la producción agropecuaria y maderera también ha sido directamente responsable por los mayores índices de deforestación en la Amazonia, principalmente en relación a la apertura y pavimentación de autopistas. Acorde al estudio Roads, Deforestation and the Mitigating Effect of Protected Areas in the Amazon, publicado en 2014 por la revista Biological Conversation, 95% de la deforestación en la región se da a 5,5 km de carreteras – entre oficiales y clandestinas. En ese sentido, la región de la carretera BR-163 es, según el estudio del Instituto Socioambiental, el principal punto de deforestación en la Amazonia en la última década. Ese diagnóstico se confirma en el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sobre el estado de la biodiversidad en Latinoamérica y en Caribe, difundido en mayo de 2016, que señala la ecorregión entre los ríos Xingu y Tapajós, en Pará, como la tercera área con más deforestación en el periodo reciente.
Las reacciones A pesar de la caída de precios de las commodities (como metales, petróleo y granos) en los últimos dos años, y de la desaceleración del crecimiento chino y de su demanda por bienes primarios, en Brasil la reacción vino en forma de intensificación de la producción para compensar los bajos precios con el aumento de volumen y cortes en medidas socio ambientales, manteniendo estables los márgenes de lucro. En ese sentido, avanzan en el Congreso Nacional propuestas que buscan desde la extinción de los mecanismos de otorga de licencias ambientales para grandes obras hasta la liberación de la minería o explotación agrícola en territorios indígenas y otras áreas protegidas, en la lógica de que no se puede seguir consintiendo a los pueblos indígenas el mantenimiento de su vida cuando se asienta y se desarrolla en tierras y bienes naturales convertibles en lucro financiero, “crecimiento” o “desarrollo”.
Sin embargo, ese proyecto ha provocado un nuevo ciclo de luchas sociales en los territorios, y muchas ya no se configuran a partir del marxismo revolucionario clásico, pero acorde a las cosmovisiones y a los deseos de las comunidades. O sea, a partir de reflexiones sobre un futuro diverso que desafía el axioma del “desarrollo” como único futuro posible, formulado por Harry Truman en el postguerra en 1949. Grandes luchas de resistencia, como la de los indígenas Munduruku contra el complejo hidroeléctrico en el río Tapajós, o de los Guarani y Kaiowá en Mato Grosso do Sul por los territorios usurpados por el agronegocio de soja, de caña de azúcar y pecuario, tienen como fuerza motriz la interiorización de factores espirituales que recurren a las ascendencias como puntos de partida y llegada.
Así, no parece raro que, en audiencia sobre los impactos de las usinas en Tapajós con autoridades del gobierno federal en la capital Brasilia, en 2015, un líder Munduruku se puso a relatar la leyenda de como la abuela del niño Karo Ebak le regaló a la etnia, en tiempos antiguos, la tierra negra; y porque hoy la tierra negra, encontrada en todo el territorio Munduruku, es la prueba de la pertenencia ancestral de la etnia a ese territorio. Es parte de un mundo en el que quieren vivir y donde no cabe la modernidad blanca, o pariwat. “Haber estado siempre y siempre seguir estando, pero no así; de otra manera” es la base de lo que quieren los Munduruku.
Fuente: Biodiversidad de América Latina y el Caribe
