La Economía Popular y sindicatos unen fuerzas en Argentina
El país está por producir un hecho inédito en la región. Se está considerando articular las organizaciones sindicales de los asalariados “formales” con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que incluye los “informales” urbanos y rurales y los desocupados, reconociéndose mutuamente como parte de la clase trabajadora.
En esto hay sentido y voluntad política pero también una densa realidad subyacente que le da sustento. La coyuntura saca a luz estructuras convenientemente ocultas. Falta además otro componente fundamental: las organizaciones cooperativistas tradicionales.
Que se luche conjuntamente contra los despidos y contra los aumentos de precios muestra que esas categorías son solo parcialmente válidas. Conceptual y prácticamente, todos son parte de la economía popular. Este término, generalmente mal usado, abarca al conjunto de los que viven de su trabajo y sus organizaciones, siendo su unidad básica la familia. En efecto, normalmente las economías domésticas combinan fuentes de ingreso basado en el trabajo de sus miembros: hombres y mujeres asalariados de empresas o del Estado, o autónomos que producen bienes y servicios para vender. Así como en un momento dado puede haber familias que dependen solo del ingreso salarial y otras que se basan en su participación directa en el mercado, hay muchas que hibridan los dos tipos de actividades o que pasan de una a otra según las posibilidades. Incluso se combinan actividades rurales con urbanas, particularmente en las zonas periurbanas o en localidades menores.
A eso se suma algo que a las organizaciones sindicales y al movimiento cooperativista todavía les cuesta reconocer: el trabajo para el autoconsumo (un buen ejemplo es la autoconstrucción de vivienda) y el cuidado de hogar, no remunerado, usualmente a cargo de las compañeras que, de calcular su valor, agregaría al PIB un 10 o 15 por ciento no registrado, sin el cual ninguna economía real puede funcionar. Esas economías acuden a formas de solidaridad como, por ejemplo, los sindicatos, la formación de cooperativas o de redes de ayuda mutua, generalmente de base territorial, produciendo, comprando o comercializando conjuntamente, o atendiendo directamente a necesidades como la gestión de espacios públicos, los clubes de barrio o la producción de infraestructura, todas ellas actividades que insumen otras formas de trabajo, comunitario, asociativo, y hacen parte de la economía subterránea.
En el pasado hubo conflictos entre organizaciones sindicales de asalariados formalizados, del cooperativismo y de otras formas de reivindicación de la economía popular, como las que ahora representa la CTEP. La justificación era que orientar recursos hacia las actividades no formales, por ejemplo promoviendo cooperativas sociales, competía con las empresas y “trabajos dignos” del sector formal. O que respondían a lógicas de lucha y a la confrontación con adversarios muy distintos (unos al capital, otros al Estado). Pero en última instancia todos son parte de los hogares populares, como demuestran las historias de inserción laboral: un asalariado hoy puede ser mañana un productor por cuenta propia y viceversa, dependiendo de las oportunidades a su alcance, o pasar a estar desocupado y depender de la asistencia social para eventualmente retornar a un trabajo asalariado. Una tendencia palpable es a rigidizar y compartimentalizar esas formas de inserción económica del trabajo, reduciendo esa movilidad a circuitos separados. Contra eso hay que luchar también.
Las formas de organización de la economía popular son muchas y diversas, incluyendo los sindicatos, pero también las que reivindican la tierra rural, el suelo urbano, la vivienda, los servicios públicos, la seguridad, el acceso a servicios médicos y de educación, o que luchan por bajar tarifas y precios, etc., exigiendo al Estado que atienda necesidades básicas que el mercado y los ingresos monetarios no cubren. Defender los derechos universalizados de seguridad social y de asignaciones familiares, así como la idea de un ingreso mínimo o salario social, es parte de la lucha de la economía de los trabajadores, y sus organizaciones particulares ganarán en fuerza al articularse tras esa consigna. Esta unidad de lo diverso ya es evidente en las manifestaciones de rechazo al neoliberalismo que estamos viviendo. Bienvenida sea.
Por José Luis Coraggio
Fuente: Página 12
